El próximo 22 de octubre se llevará a cabo la segunda subasta de contratación a largo plazo de energía eléctrica (CLPE) para el desarrollo de proyectos de energía renovable en el país bajo el mando del Ministerio de Minas y Energía (MinMinas) y de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Con base en los resultados de la primera subasta realizada en el primer trimestre de 2019, el gobierno colombiano realizó las modificaciones respectivas adoptando las sugerencias para mejorar las condiciones de competencia en el país, así como fijar la cantidad de energía que se espera subastar según las ofertas de los participantes.
La CLPE No. 02-2019 trae consigo grandes beneficios para Colombia y las más de 25 empresas que se espera logren participar para superar los 1.183 gigavatios/hora previstos en la primera subasta de 2019. Continuar la transición al uso de energías más limpias es una meta prioritaria del país siguiendo el ejemplo de vecinos con mayor experiencia en la materia, tales como México (~82,000MW de capacidad instalada, ~6.78% son de energía eólica y ~3.58% de energía fotovoltaica) y Chile (~23,000MW de capacidad instalada, ~9.16% siendo energía fotovoltaica y ~5.72%, energía eólica).
Por su parte, el país cafetero posee en la actualidad una capacidad instalada de 16,800MW donde menos del 2% proviene de fuentes de energía no convencionales (biomasa, solar y eólica). Esta subasta espera incrementar dicha participación en la matriz energética hasta el 10% en 2022 por medio de inversiones entre 1,500 y 1,800 millones de dólares, pasando de 50 a 1,500 megavatios de capacidad. Con este ambicioso plan el gobierno colombiano busca cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de generar energía de fuentes limpias para abastecer su demanda interna. Según datos oficiales, cerca de 500,000 familias aún no cuentan con este servicio.
Históricamente, Colombia ha mantenido una relación estrecha con la generación de energía a partir del aprovechamiento de sus fuentes hídricas gracias a sus condiciones geográficas y, por supuesto, de los cuerpos de agua que componen su territorio. Sin embargo, fenómenos naturales como “El Niño” han demostrado la susceptibilidad del mercado nacional y suscitado la búsqueda de nuevas alternativas que respalden la operación actual y disminuyan la dependencia eléctrica de la nación en sus ríos, incluyendo centrales térmicas a base de combustibles fósiles (cerca del 30% de la generación actual). Desde las últimas décadas, la búsqueda de alternativas sostenibles, ambientalmente amigables y económicas ha traído consigo la necesidad de aprovechar el potencial energético que, tan sólo en el departamento de la Guajira, alcanza los 20,000MW en fuentes eólicas.
Desde 2014, el gobierno colombiano ha preparado una serie de incentivos para fortalecer las estrategias de aprovechamiento de fuentes de energía renovable no convencionales, ERNC, y la aparición de iniciativas público-privadas, incluyendo beneficios tributarios (Ley 1715 de 2014), integración de la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida al Sistema Interconectado Nacional, SIN (Resolución CREG 030 de 2018) y establecimiento de subastas de largo plazo (Decreto 0570 de 2018), tal como la CLPE No. 01-2019 que tuvo 12 ofertas de compra (por parte de empresas como Enel Green Power, Isagén y Celsia) y 8 de venta (incluyendo a Enel-Codensa, Cedenar y Electricaribe).
