Lo que comenzó en 2012 con el llamado Pacto por México, primer gran éxito del por entonces nuevo presidente Enrique Peña Nieto, parece que se encuentra en su recta final 2 años después de su proclamación. PRI (Partido Revolucionario Institucional), que abandonó el poder en el año 2000 rodeado de una nube de corrupción y críticas sociales tras 71 años de gobierno continuado, recuperó el poder al comienzo del nuevo siglo con un conjunto de medidas enfocadas a potenciar definitivamente el crecimiento económico del país.

El Pacto por México incluía reformas en el sector de telecomunicaciones, educación, fiscalizad, finanzas y sistema electoral, además del energético, pilar central del episodio reformista al abrir al capital privado un sector históricamente gestionado por el Estado.  Por supuesto el principal partido de la oposición, el PRD,  no ha permanecido impasible ante la magnitud de la reforma, amenazando con continuas movilizaciones al entender que la falta de ingresos procedentes de Pemex al Estado afectará directamente a la cobertura de las necesidades económicas en materia de educación, salud, seguridad, empleo o crecimiento económico.

A pesar de las críticas, Peña Nieto y su equipo de gobierno sostienen que las modificaciones generadas favorecerán la competitividad de las empresas mexicanas, y principalmente de Pemex, que se encuentra entre las petroleras con menor indice de productividad del mundo. El Estado mantendrá la propiedad de los yacimientos, ofreciendo además un guiño a Pemex permitiéndole seleccionar en primer lugar los yacimientos a explotar e invitando de esta forma a compañías extranjeras con mayor capacidad económica y medios técnicos la gestión de las inmensas bolsas de gas del Norte así como las reservas más profundas.

A la anterior se suman otras reformas que tienen como único objetivo reducir el monopolio existente en muchos sectores, tal cómo aconteció con la compañía de Carlos Slim, que ya tuvo que vender una parte de su activos para ajustarse a la nueva regulación.