Ley de Promoción Agraria Perú

Perú: Agroexportación, cambios con la Ley de Promoción Agraria

A finales del mes de noviembre del presente año, los trabajadores del sector agrícola del departamento de Ica, iniciaron un paro, con el fin de denunciar el maltrato y las malas condiciones laborales. En consecuencia, pidieron la derogación de la Ley de Promoción Agraria vigente hasta ese momento. El día 8 de diciembre, el Congreso de la República aprobó derogar la Ley y se otorgó un plazo de 15 días a la comisión multipartidaria para la creación de una nueva Ley para elaborar una nueva propuesta. 

 

En este sentido, y hasta el momento, el texto preliminar que ha presentado la comisión encargada, indica que la nueva Ley proveería un aumento del salario mínimo de 1.543 soles para los trabajadores de las grandes empresas, 1.234 soles para los de la mediana empresa y 1.033 para los trabajadores de la pequeña empresa. Asimismo, las empresas deberían aumentar progresivamente su nivel de tributación, hasta alcanzar el régimen general (29,5%) para el año 2028. 

 

Para algunos actores y voces como Milton von Hesse, exministro de agricultura, y AGAP (Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú), la modificación de la remuneración básica sería contraproducente porque incrementaría la informalidad y reduciría las contrataciones, mientras que otras voces aseguran que las empresas del sector estarían en completa capacidad de asumir este aumento de costes. Según Alejandro Fuentes, Presidente de AGAP, el incremento en 65% sobre los salarios (considerando que percibían S/930) hace inviable las operaciones “de cualquier empresa”. En este punto es preciso mencionar que más de un 70% del total de la población peruana está actualmente trabajando en la informalidad.

Siguiendo en esta misma línea, AGAP aportó 11 propuestas y 5 compromisos con el fin de seguir incentivando el sector agrario, la creación de empleo y el cumplimiento de una responsabilidad social a la altura de las circunstancias. 

 

Propuestas por parte de AGAP:

 

    • Contratación temporal: Reconocer la naturaleza estacional del sector. 

 

    • Forma de pago de la remuneración: El trabajador que voluntariamente lo desee, podrá recibir una remuneración integral diaria o con la periodicidad que acuerden las partes. Además, se debe incluir que los trabajadores puedan recibir la CTS, las vacaciones y las Gratificaciones desde el primer día y no como lo considera actualmente el régimen general que es a partir de 30 días.

 

    • Libertad de contratación y Remuneración Mínima Vital: Evaluar cuáles son los criterios relevantes para la determinación del nivel óptimo que genere menores distorsiones a la economía y que eviten llevarla a una mayor informalidad. La revisión de la RMV debería ocurrir solamente si la economía crece por encima de un nivel compatible con la absorción de los trabajadores que se incorporan a la PEA total nacional y relacionado con la productividad de la economía (teniendo en cuenta la formalidad y el tamaño de empresa). A mayor formalidad y a mayor tamaño de empresa, la productividad y los salarios son mayores. Se debe implementar medidas que permitan aumentar el empleo formal en el agro, apoyando el crecimiento de las empresas, con políticas salariales que les permitan ser sostenibles y crecer, aumentar su productividad vía la incorporación de nuevas inversiones tecnología; y, finalmente, el necesario control por parte de las autoridades.

 

    • Essalud: Gradualidad del incremento del aporte a EsSalud manteniendo la tasa de aporte el 2021 en 6%, e incrementándose en un punto porcentual por año, hasta llegar al 9% en 2024. También asegurar que los trabajadores mantengan su derecho al Sistema Integral de Salud (SIS).

 

    • Infraestructura e Instalaciones: Las empresas deben proveer servicios higiénicos y comedores, adecuados para todos sus trabajadores.

 

    • Impuesto a la renta: Para las inversiones ya existentes, un incremento gradual del Impuesto a la Renta durante los siguientes 10 años manteniendo el impuesto a los dividendos en el régimen general. Para las inversiones nuevas, se les aplique una tasa del 15% por 10 años para luego llegar al 29.5% con un incremento escalonado.

 

    • Depreciación acelerada: Reestablecer la tasa de 20% anual para las inversiones en infraestructura hidráulica y riego.

 

    • Recuperación anticipada del IGV: Se debe reestablecer la recuperación del IGV para la etapa preoperativa.

 

    • Prohibición de services: Proponen prohibir efectivamente el uso de intermediación laboral (services) y el solo destaque o la mera provisión de mano de obra por parte de terceros en las actividades principales del sector y fiscalizar su cumplimiento.

 

    • Informalidad: Fortalecimiento de la Sunafil para que supervise todas las unidades productivas agrarias con sistemas geo referenciados en base a la información del Senasa, y ejecute un plan público permanente del 100% de las unidades productivas del territorio peruano. Además, sanciones más severas a la informalidad en la contratación de personal.

 

    • Obras por impuestos: OxI para la construcción y proveeduría de infraestructura de educación, salud, agua y saneamiento, privilegiando las zonas rurales de los trabajadores agrarios y en beneficio del pequeño agricultor. También para la incorporación de la agricultura familiar a las cadenas modernas productivas y de comercialización con la implementación de riego tecnificado e implementación de un modelo de asociatividad de mercado y de investigación y transferencia tecnológica. Extender los alcances del Programa Subsectorial de Irrigación (PSI) para el desarrollo de riego para todo el sector agro (déficit hídrico, cambio climático, proyectos de irrigación estancados)

 

 

Compromisos de AGAP:

 

    • Implementar políticas de Género que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres del sector.

 

    • Implementación de una Línea 0800 para quejas laborales a la Sunafil, Defensoría del Pueblo y a las empresas.

 

    • Expulsar a aquellas empresas que incumplan con el Código de Conducta de AGAP.

 

    • Crear un área dentro del gremio a cargo de auditar a las empresas asociadas en la correcta aplicación de las leyes laborales y código de conducta de AGAP.

 

    • Impulsar la creación e implementación del Instituto de capacitación técnica agrícola de alcance regional con fondos del sector privado.

 

 

En cualquier caso, y poniendo el foco en el crecimiento del país, será esencial prestar atención a la elaboración final de la Nueva Ley de Promoción Agraria y analizar bien las implicaciones futuras para los diferentes tipos de empresas agrarias y agroexportadoras, asumiendo siempre al Perú como un país prudente y estable, que no va a paralizar su desarrollo en los próximos años. 

 

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Artículo escrito por Maria Pla.

 

FUENTES: 

 

 

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